El Estado de derecho toma el protagonismo del conflicto con los controladores aéreos

El Decreto aprobado en la mañana de ayer en el Consejo de Ministros para «controlar» a los controladores aéreos no fue el desencadenante del sabotaje cometido por éstos, sino al revés, tal como nos ha aclarado hace unos minutos el  Vicepresidente del Gobierno. Rubalcaba nos ha dicho que temían alguna maniobra, y precisamente para prevenirla era preciso despejar cualquier duda sobre sus condiciones laborales. Lo que nadie podía prever, porque no cabe en cabeza humana tal grado de irresponsabilidad, es que ese grupo de «incontrolados» deliberadamente abandonase  su puesto de trabajo con el ánimo de causar un daño irreparable a cientos de miles de ciudadanos, con consecuencias directas e indirectas muy dañinas para nuestra economía. Rubalcaba ha sido muy prudente a la hora de contestar sobre si podía tener tal sublevación un contenido político; confiemos en que se quede en un alzamiento de un grupo de trabajadores de élite dirigidos por un sindicato en donde el crimen organizado forma parte de su actuar.

El gobierno, amparado en el Estado de Derecho, ha actuado rápido y bien, y ha hecho todo lo que estaba en su mano hacer. Cuando apenas habían transcurrido seis horas desde el comienzo del conflicto, el control aéreo pasó a manos del Ministerio de Defensa, y por tanto de los militares. Y como para los controladores esto no fue suficiente y no se lo tomaron en serio, doce horas después se decretaba el estado de alarma, movilizando a los controladores, que pasarán a recibir órdenes directas de los Coroneles bajo cuyo mando se encuentran en la actualidad las torres de control de todos los aeropuertos españoles.

Quien no acuda al trabajo o se niegue a realizarlo en debida forma incurrirá de inmediato en la comisión de un delito desobediencia previsto y penado en los artículos 301 y siguientes del Código de Justicia Militar, que puede conllevar la pena de dos años de prisión cuando ocasionen un mal grave, así como la inhabilitación o suspensión del ejercicio de su actividad profesional. Todo ello sin perjuicio de las consecuencias laborales que pueden motivar el despido inmediato, y las civiles al tener que responder con su propio patrimonio de los daños causados.

Si el gobierno no baja la guarda, no me gustaría estar en el pellejo de los controladores aéreos,  muchos de los cuales no tienen que estar  solo preocupados de mantener su trabajo, sino en especial de evitar el ingreso en prisión; y auguro que sus patrimonios personales se encuentran en grave peligro cuando tengan que comenzar a responder de los daños y perjuicios ocasionados.