Debate semanal: El secuestro del «Alakrana» y el Estado de Derecho

Los niveles preocupantes de ignorancia de algunos periodistas, el sensacionalismo de muchos medios de comunicación, y su aprovechamiento con fines políticos del PP para deteriorar al Gobierno,  han convertido el secuestro del «Alakrana» en un peligroso culebrón en donde casi todos hablan y se expresan con manifiesta irresponsabilidad,  sin saber en muchos casos lo que dicen o las consecuencias negativas de sus palabras. Todo ello contrasta con la sensatez, prudencia y alto grado de responsabilidad que nos están demostrando las familias de los secuestrados, principales interesadas en que todo se resuelva favorablemente.

En un  Estado de Derecho que se precie de tal, cuando son detenidos en el extranjero -en este caso por miembros de nuestras fuerzas  armadas- dos somalíes por haber cometido un presunto delito contra ciudadanos españoles, el Gobierno, en este caso a través de la Abogacía del Estado, tiene el deber y obligación legal de ponerlos a disposición de la autoridad judicial competente, en este caso la Audiencia Nacional, para que adopte las medidas oportunas. Buscar culpables a posteriori de quién y por qué se decidió su traslado a España, y mantener la noticia como portada diaria de nuestros medios de comunicación solo beneficia a los secuestradores y dificulta las posibilidades a corto plazo de un final sin víctimas. Gobierno y Audiencia Nacional han cumplido con lo preceptuado en nuestro ordenamiento jurídico, como no puede ser de otra forma en un Estado de Derecho, y esto es lo que nos debe de importar a todos.

Es posible que ahora podamos pensar que no fue conveniente trasladar los detenidos a España, y que lo más favorable hubiese sido entregarlos a las autoridades de Kenia para ser sometidos a un «juicio pantomima«, en donde la aplicación de la justicia brilla por su ausencia por falta de medios, preparación y conocimientos. ¿Hubiese mejorado tal decisión la situación para negociar?; nadie puede saberlo,  aunque dudo del escaso interés que por sus vidas puedan tener  los que de verdad están detrás del secuestro. Pero lo que sí parece evidente es que el actual «debate nacional»  no favorece a los intereses de los pescadores retenidos, y no ha sido propiciado por el Gobierno, el que en todo momento optó por la discreción y la prudencia -la misma que ha transmitido Zapatero a las esposas de los secuestrados- para lograr la mejor solución posible. Transmitir la sensación a los secuestradores de que el tema se ha convertido en el centro de atención de todos los españoles, solo conduce a aumentar el precio del rescate y poner las cosas más difíciles para una rápida solución.

Lo que resulta «extraño», y podría sonrojar a más de uno, es que el PP, defensor en otros tiempos del principio de autoridad y  del Estado de Derecho, esté dispuesto ahora a doblegarse con tanta facilidad a las exigencias de unos secuestradores no poniendo objeción alguna a que sean liberados dos presuntos autores del secuestro. Sin tener intención de herir sensibilidades, aún recordamos la dolorosa muerte de Miguel Angel Blanco, secuestrado por ETA, que fue asesinado por la banda terrorista al no ceder el Gobierno a sus  peticiones de acercamiento de presos políticos; todos estuvimos de acuerdo con la drástica decisión adoptada y la apoyamos abiertamente sin fisuras, con independencia de nuestra ideología, dado que no queríamos doblegarnos a las exigencias de unos terroristas. Pero el PP se olvida muy pronto de sus «principios», que siempre los acomoda por «táctica política» a la obsesión de alcanzar el poder  con la máxima urgencia.

Hablando de responsables, nadie parece ahora acordarse de que el armador del «Alakrana» decidió  alejarse de la zona de seguridad que el Ministerio de Defensa había establecido a tal efecto, exponiendo a un peligro innecesario a la tripulación, a cambio de llenar  las bodegas de atunes con más celeridad; al fin y al cabo, el negocio es el negocio, y la rentabilidad económica se antepone en muchos casos a la seguridad de los trabajadores, como ha sido tradición en nuestro país. Y ahora conocemos que tal temeraria decisión ha podido contribuir de forma definitiva a que se consumase el secuestro,  al no haber tenido tiempo la fragata Canarias para alcanzar al «Alakrana» antes de que llegase a la costa de Somalia; los planes de provocar una avería en el atunero en alta mar, para así poder negociar su liberación con mayor posibilidad de éxito,  se vieron truncados, y ahora sufrimos sus consecuencias.

En estos momentos otros once barcos  parecen encontrarse en la misma situación que el «Alakrana», aunque dudo mucho que en sus países de procedencia el secuestro se haya convertido en un tema de Estado; solo en nuestro país ocurren estas cosas, propiciadas por una derecha irresponsable, apoyada por unos medios de comunicación sensacionalistas que tienen como objetivo derribar a un gobierno por el hecho de ser de izquierdas. Pero nadie se pregunta ¿qué hacemos pescando atunes frente a las costas de Somalia a sabiendas de que se ha convertido en una zona muy peligrosa para nuestros barcos?.

Recientemente la Ministra de Defensa Carme Chacón pedía que se rastrease el dinero que se entrega por los rescates de los barcos secuestrados, para conocer su destino final, que bien pudiese estar muy lejos de Somalia.  Pero yendo más lejos nos deberíamos de preguntar, ¿qué hacen los señores de la guerra vendiendo armas a los piratas somalíes con plena impunidad?,  ¿cómo puede permitirse que algunos bufetes de abogados ubicados en Europa actúen como «cómplices»  intermediarios para percibir los rescates?, ¿no es posible adoptar posturas colectivas de fuerza que impidan el pago de los rescates y persigan a los responsables de los secuestros?. En todo caso tengo claro que el «Alakrana» no lo secuestró  Zapatero, aunque algunos piensen lo contrario.

(Recomiendo para personas poco sensibles la lectura de un artículo que, bajo el título «Chantaje al Estado», ha sido publicado en GEOGRAFIA SUBJETIVA).