Debate semanal: Las escuchas telefónicas mediante el uso del Sitel

El uso del Sitel (Sistema Integrado de Intercepción de Telecomunicaciones) es legal y ha sido avalado por una sentencia del TS de marzo pasado, que lo encuentra «perfectamente ajustado a Derecho», una vez conocido el funcionamiento y posibilidad del sistema, la información que aporta, y cómo se distribuye la información; lo que parece obvio es que precisa una previa autorización judicial debidamente fundamentada jurídicamente, para que el contenido de las escuchas telefónicas obtenidas constituya una prueba de cargo válida para un proceso judicial.  Como dice la propia sentencia, de la que fue ponente el magistrado José Antonio Martín Pallín,  su desarrollo «responde a la necesidad de articular un mecanismo moderno, automatizado, simplificador y garantista» para intervenir comunicaciones. Y resulta incuestionable que la tecnología punta es válida y de mayor eficacia que la tradicional, con el sólo requisito de que tenga el correspondiente respaldo legal.

¿Por qué entonces se empeña el PP en cuestionar el sistema Sitel, y sembrar dudas sobre su legalidad? La respuesta es evidente: saben que  las principales pruebas de cargo del caso «Gürtel» se sustentan en grabaciones telefónicas, y si consiguen sus ilegalidad obtendrán la nulidad de las actuaciones judiciales que persiguen a muchos de los suyos por chorizos; bonita forma de acabar con la corrupción, haciendo desaparecer de los sumarios las pruebas que la demuestran .

Los veteranos que aún nos queda memoria, podemos recordar el caso Naseiro, con el que se descubrió -curiosamente también en Valencia- la financiación ilegal del PP. Por casualidad, durante una investigación a un militante del PP implicado en un caso de narcotráfico, un juez descubrió en unas escuchas telefónicas que los conservadores se financiaban ilegalmente; por entonces, y gracias a su directa implicación y a su famosa frase «estoy en política para forrarme«, se dio a conocer Eduado Zaplana,  quién posteriormente ocupó la presidencia de la Comunidad Valenciana, llegó a Ministro y ahora disfruta de un buen retiro como consejero de Telefónica. Pero el Tribunal Supremo, corroborando que «la Justicia es ciega» y no quiere ver la evidencia, declaró la nulidad del proceso judicial y ordenó la posterior destrucción de las cintas, cuyo contenido puede conocerse en las hemerotecas como reflejo de un episodio histórico y delictivo sin consecuencia alguna para sus autores.

Pero en esta ocasión la situación es muy distinta: las grabaciones telefónicas fueron realizadas con autorización judicial, y gozan de una cobertura legal que las hace perfectamente válidas, por lo que no podrán conseguir el objetivo de boicotear la investigación de la corrupción. Poner en duda la eficacia del sistema de interceptación de comunicaciones que utilizan nuestras fuerzas de seguridad, y que ha servido para detener a muchos traficantes y terroristas, es un intento de debilitar y poner en peligro la eficacia de nuestro Estado de Derecho, y eso dice muy poco de quienes aspiran a gobernar nuestro país. Y el PP no debe de olvidarse, nunca, que Sitel costó más de 10 millones de euros a los españoles y fue adquirido en 2001, cuando Don Mariano era Ministro del Interior.

El uso del Sistema Integrado de Intercepción de Telecomunicaciones es legal y eficaz, sirve para detectar y detener a muchos delincuentes -incluyendo a terroristas y a corruptos-,  y a las pruebas me remito. Por eso, coincido con Rubalcaba cuando ha advertido a Batasuna y al PP que no acabarán con Sitel. No olvidemos que en aplicación del principio constitucional de igualdad de los ciudadanos ante la ley, todos los delincuentes merecen el mismo trato.