La pasada semana el Tribunal Supremo admitía a trámite una querella interpuesta por Manos Limpias contra el Juez Garzón, convirtiendo así en un posible delito de prevaricación lo que no pasaba de ser una discrepancia sobre que órgano judicial era el competente para investigar las posibles responsabilidades penales del franquismo, y para acordar en su caso la apertura de las fosas comunes en donde yacen cientos de víctimas de la guerra civil y de la dictadura.
En su momento, tras numerosas discrepancias judiciales no exentas de la tensión que genera una cuestión de tal naturaleza, en las que en modo alguno queda oculta la ideología personal de cada miembro de la carrera judicial que tuvo que intervenir, y después de haberse posicionado en favor de la tesis de Garzón cinco magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, aquél se inhibió en favor de los Juzgados del territorio en el que se ubicaban cada una de las fosas comunes aún pendientes de apertura.
Días después se produce un giro inesperado en la polémica suscitada al declararse incompetente un Juzgado de Granada, devolviendo las actuaciones a la Audiencia Nacional, impidiendo con ello la apertura de la fosa en la que se sospecha se encuentran los restos de Federico García Lorca. Parece ser que la Juez de Granada, en coincidencia con la tesis que mantuvo en su día Garzón, considera que es éste el competente al tratarse de «crímenes contra la humanidad». ¿Debemos de entender que la juez de Granada también prevarica al coincidir con la tesis de Garzón?. Evidentemente no; una discrepancia en criterios sobre competencia y prevaricación son cosas muy distintas, a pesar de la inexcusable confusión del TS que decidió admitir a trámite la querella, cuyo ponente podría convertirse -por sus propios argumentos- en un supuesto prevaricador.
Menudo marrón para el TS. La misma Sala de lo Penal que admitió a trámite la querella, pero compuesta por magistrados distintos, deberá resolver definitivamente la cuestión de competencia suscitada en su día, y -al menos en teoría- es posible que pueden darle la razón al juez Garzón. Les sugiero que cuanto antes acuerden el archivo de la querella, para salir del atolladero en donde se han metido; criminalizar discrepancias judiciales en temas de competencia constituye una grave imprudencia de un órgano judicial, que cada vez se parece más a un cementerio de elefantes.
(Publicado aquí en elplural.com)