(Historieta gráfica de Manel Fontdevila en PUBLICO)
Andalucía, gobernada por los socialistas desde la llegada de la democracia, es una de las comunidades pioneras en la defensa de la investigación y de la dignidad del ser humano. Gracias a la importante labor de Bernat Soria, actual ministro de sanidad, se está avanzando en la investigación con células madre, que permitirá en unos años tratamientos paliativos y curativos en enfermedades graves y degenerativas (diabetes, alzheimer, esclerosis múltiple…); y ahora se pretende regularizar el derecho a morir dignamente.
Pronto se alzarán las voces de la Iglesia y la derecha más reaccionaria criticando la iniciativa, afirmando que lo que se pretende es legalizar la eutanasia, y manteniendo que no existe cobertura legal para que prospere tal iniciativa. Por eso son precisas algunas puntualizaciones, dado que entre la eutanasia activa y los tratamientos paliativos, existen situaciones intermedias perfectamente regulables:
–a) La eutanasia activa permite la aplicación de una técnica que lleve directamente al paciente a la muerte. Se encuentra legalizada en Bélgica y Holanda, y recientemente también ha sido aprobada por el parlamento de Luxemburgo.
–b) El suicidio asistido, una variante de la eutanasia activa, tiene lugar cuando una persona facilita a otra los medios necesarios para que ésta pueda quitarse la vida (caso de Ramón Sampedro). El art. 143 del C. Penal lo prohíbe expresamente, y se castiga con penas de cárcel.
–c) La limitación del esfuerzo terapéutico, que tiene lugar cuando un enfermo se niega a que le continúen aplicando tratamientos o técnicas para mantenerlo con vida (por ejemplo, la negativa a la utilización de un respirador artificial). Es la llamada eutanasia pasiva, y es precisamente la que será regulada por el parlamento andaluz.
–d) La sedación paliativa, que tiene como finalidad aliviar el dolor y el sufrimiento en enfermos terminales. Fue la técnica aplicada en el Hospital de Leganés, y que motivó acusaciones infundadas por parte de la Comunidad de Madrid. Es práctica habitual en la mayor parte de los hospitales de nuestro país.
IU e ICV e aprovecharán esta iniciativa del Gobierno andaluz para ir más allá, y pedirán de nuevo al Gobierno que legalice la eutanasia, con la modificación del artículo 143. 4 del Código Penal, para que quede “exento” de condena todo aquel que “mediante actos necesarios o de cooperación activa, permitiera, propiciare o facilitare la muerte digna y sin dolor” del paciente.
Algún día, cuanto antes mejor, deberemos de pensar en regularizar la eutanasia activa para enfermos terminales. El respeto a la dignidad del ser humano se merece un avance legislativo de tal naturaleza, para regular el derecho a una muerte digna.