¿Pudo evitarse la muerte de Mari Luz?

(Historieta gráfica de Manel Fontdevila en PÚBLICO)

Es muy complejo saber con seguridad si pudo evitarse la muerte de Mari Luz. Precisaríamos conocer el contenido de las resoluciones judiciales, la fecha de sus firmezas, el funcionamiento interno de cada Juzgado, y si de haberse exigido su cumplimiento estaría ya en libertad Santiago del Valle. Pero su muerte al menos ha servido para destapar las vergüenzas de los numerosos culpables que pueden contribuir a que esto suceda por dejación de funciones, apatía o incumplimiento de sus obligaciones. Porque las irregularidades que ahora se denuncian pasan, a diario, en este país, sin que nadie se haya preocupado de solucionarlas; y sólo salen a la luz cuando es asesinada una niña de corta edad.

Decir que el Juez del Juzgado de lo Penal, 1 de Sevilla, Rafael Tirado Márquez, es el culpable de todo es una ligereza que forma parte del inevitable espectáculo mediático; como lo es que el propio Juez impute la culpa a una funcionaria; pensar que la investigación del Ministerio Fiscal llegará al fondo del asunto es otra ligereza, y los profesionales del Derecho saben muy bien que los Fiscales no están en este país para dar ejemplo del buen hacer; creer que el Consejo General del Poder Judicial investigará con rigor lo sucedido, es convertirle en juez y parte, cuando su inspección fue incapaz de detectar irregularidades en el Juzgado de donde se afirma nacen los males; e imaginar que poner en práctica las «ocurrencias» de los políticos para quedar bien son la solución es creer en los Reyes Magos (Don Mariano ¿qué tendrá que ver el mal funcionamiento de la Administración de Justicia con el endurecimiento de las penas?).

¿Quienes son los culpables? Todos y ninguno, ya que un deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia a todos los niveles contribuye a que «todos» tengan algo que ocultar y a que «nadie» esté limpio del todo para que pueda exigir responsabilidades a los demás, lo que contribuye a que las negligencias «casi siempre» queden impunes (dentro de un año comprobaremos que «todo» lo que ahora sucede y se denuncia ha quedado en «nada»; y tendrá que producirse otra muerte para que reaccionemos y «todos» nos rasguemos de nuevos las vestiduras). Pero comencemos buscando culpables, y empecemos por arriba:

–El Ministerio de Justicia, que debería de proponer de inmediato modificaciones en la tramitación de los procesos judiciales para agilizarlos eliminando formalismos innecesarios, y dotar a la Administración de Justicia de un sistema informático capaz de evitar que lo sucedido pueda volver a producirse.

–El Consejo General de Poder Judicial, que se dedica más a hacer política que a controlar el día a día de lo que sucede en el funcionamiento de nuestra Justicia. ¿Inspecciones?; yo las llamaría más bien pantomimas, carentes en muchas ocasiones del más mínimo rigor (en alguna ocasiones las anuncian por adelantado, dan tiempo al Juzgado para que «se prepare», y todos quedan bien).

–Algunos Magistrados y Jueces (tengo que reconocer que la mayoría cumplen, y muy bien, la misión que los ciudadanos les hemos encomendado), que retrasan meses e incluso años, sin justificación alguna, sus resoluciones judiciales, sin que sean apartados de sus funciones ni expulsados de la carrera judicial; cuando el retraso es «escandaloso» suelen darse de baja por depresión, y con ello blindan su puesto de trabajo ya que sólo ellos pueden dictar las sentencias pendientes de resolución.

–Un porcentaje pequeño, pero muy significativo, de otros funcionarios de la Administración de Justicia, que incumplen a diario sus obligaciones, sin que nadie haga nada por evitarlo, y que motivan retrasos injustificados y pérdida de calidad en nuestra justicia. En algunos casos su presencia física en los juzgados no supera el 60% de su jornada laboral; y ello sin contar sus permisos, bajas y ausencias injustificadas.

No he dicho ninguna mentira (cada afirmación podría ser respaldada por hechos reales y conocidos personalmente), muchos se ofenderán, pero todos los que conocen el mundo de la Justicia me darán la razón.

¿Por qué ocurre todo esto? Porque nunca pasa nada, y los negligentes quedan en la mayor parte de los casos impunes de sus irresponsabilidades. Muchos de ellos en la empresa privada no durarían una semana en su puesto de trabajo; pero como lo han ganado por oposición consideran que su puesto de trabajo es vitalicio.

¿Soluciones? Se me ocurren muchas. ¿Alguien está dispuesto a ponerlas en práctica con todas las consecuencias?; si lo hace, puede contar con mi colaboración.

(publicado aquí en www.elplural.com)